La casa siempre gana

18194346560_7227216dea_oFotografía de Flickr: Amigos de la Tierra

Estamos en época de campaña electoral y se nota. Se nota por suerte y por desgracia con el TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión), un tratado de “comercio” entre Estados Unidos y Europa. Acuerdo controvertido por incontables motivos, del que aprovechan algunos partidos para hacerse voz en su contra y otros para esquivar las preguntas, sin dar apenas argumentos.

En el panorama nacional tenemos a Amigos de la Tierra, Equo, Por un Mundo Más Justo, Podemos, Bildu, Movemente Galego ao Socialismo, AGE o Izquierda Unida que están hablando abiertamente sobre este tratado. “Ahora todo queda supeditado al libre comercio. El TTIP es un golpe más en este sentido. Nosotros, los ciudadanos, estamos renunciando a nuestra capacidad de acción política en beneficio de las grandes corporaciones”, argumentó Uralde, fundador de Equo.

Mientras tanto, PP-SOE y Ciudadanos se lavan las manos e intentan evitar esa parte en su discurso. Asienten con los ojos cerrados a lo dictado por la Unión. Tan solo critican, muy levemente, la falta de transparencia. Lo indefendible.

Y por último, la ciudadanía. Los principales partidos y medios apenas se proyectan al respecto, por lo que no todo el mundo sabe si quiera qué es el TTIP. Mientras que en Alemania están manifestándose activamente, aquí ha habido unas pocas protestas, aunque cada vez más mesas redondas para informar y discutir sobre el tema.

Entonces, ¿por qué hay tantos partidos en contra del TTIP y por qué los principales prefieren no hablar de ello?

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Fotografía de Prensa de IU | Javier Couso, eurodiputado de IU | “El TTIP es el último clavo en ese ataúd neoliberal en el que el mercado entierra a la democracia”

Como ya hemos señalado hay múltiples razones, pero una de ellas, de la que podrían derivar el resto es porque el TTIP se trata, ni más ni menos, de un golpe de Estado por parte de las multinacionales. Razón por la que muchos se refieren al tratado como un caballo de Troya. Amparado tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos, que ejercen fuertes presiones hacia los distintos Estados. Dado que ya no vemos raro cómo los principales partidos políticos suelen agachar la cabeza ante los jefes, es de suponer que esa es la razón por la que intentan no meterse mucho en el tema.

Aunque oficialmente llevan preparando el TTIP desde tan solo dos años, podríamos seguir la pista de estas negociaciones a partir de 1995. El origen más inmediato del TTIP se sitúa un informe elaborado, en febrero de 2013, por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento UE-Estados Unidos.

Sin embargo, sería necesario remontarse a la fundación del TABD (Diálogo Empresarial Transatlántico) en 1995. El TABD sumió la tarea de desarrollar un acuerdo de libre comercio e inversión, que situaría los intereses de las multinacionales por encima de la soberanía, de la ley y de los ciudadanos. Sus objetivos eran los mismo que los del TTIP: la “armonización” y la “integración” de las economías europea y estadounidense.

Para conseguir este ya antiguo objetivo, necesitan brindar ciertas herramientas a las multinacionales. La primera sería proporcionarles un blindaje judicial con la cláusula ISDS (o ICS) y la segunda se basaría en habilitar la entrada al mercado de forma igualitaria a ciertas compañías, siendo las de la agroindustria las más interesadas en actuar.

 Superioridad legal

La mejor forma que tienen de controlar a su antojo a los Estados es ofreciendo a las empresas la inclusión de la cláusula ISDS (recientemente rebautizada como ICS) en el TTIP. Gracias a ella, las multinacionales contarán con un mecanismo de tribunales de arbitraje que les posibilitará denunciar a los países en caso de expropiación, directa o indirecta. Con expropiación indirecta se refieren a “expectativa de lucro cesante”, lo que puede suponer casi cualquier motivo.

Esta cláusula nació ya en 1959, en el primer acuerdo bilateral, de la mano de Alemania y Pakistán. Alemania lo incluyó en su día debido a la desconfianza que guardaban al sistema judicial de ese país oriental. Sin embargo, esto en el mundo de los negocios no tiene mucho sentido. Tal y como apuntó Gonzálo Rodríguez, profesor de Economía de la USC, “los que invirtieron en las preferentes tienen capacidad suficiente para interpretar esas inversiones. Pero las empresas multinacionales no tienen capacidad ni madurez suficiente para juzgar las inversiones que hacen en este tipo de países”. Es desconcertante.

Junto con estas incongruencias, nos enfrentamos a la posibilidad de que un puñado de empresas multinacionales tengan más derechos que cualquiera y más voz que el Estado. Pues las empresas que no tengan sucursales en otro país no tendrán posibilidad de acceder a estos tribunales, así que todas las PYMES se verán en una posición de inferioridad aún mayor.

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Fotografía de Wikipedia | Paul Krugman: “Este no es un acuerdo de comercio. Es sobre propiedad intelectual y negociación de disputas; los mayores beneficiarios son probablemente las compañías farmacéuticas y las empresas que quieren denunciar a los gobiernos”

Desde la aprobación de ese mecanismo, no veremos más gobernante que a las transnacionales, que serán capaces de denunciar cualquier decisión tomada por los Estados. Canadá es un buen ejemplo de ello. Un país que recibió ya 35 demandas de este tipo bajo el acuerdo comercial que mantiene junto con Estados Unidos y México (NAFTA).Una de ellas es representativa en este caso. Y es que Canadá tuvo que pagar 250 millones de dólares a la empresa Lone Pine Resources Inc. por querer prohibir el uso del fracking. Más los gastos del juicio, que en este caso se andan en una media de 8 millones de dólares. El número de estos procedimientos se ha multiplicado en los últimos 20 años. Hasta 1996 se registraron denuncias de 38 casos en todo el mundo, pero el número se disparó hasta 514 casos a finales de 2012.

Tal y como advierte Javier Arregui, profesor de Ciencias Políticas y Sociales en Pompeu Fabra, si finalmente se aprobara el TTIP, este proceso se podría agudizar. “Hoy en día existen 14.400 empresas con sede en Estados Unidos, con más de 50.800 filiales en la UE; mientras que hay alrededor de 3.300 empresas de la UE con más de 24.200 filiales en Estados Unidos.” Así, todas y cada unas de estas 75.000 empresas registradas podrían reclamar contra el Estado en el que operan de acuerdo a lo planteado en el TTIP.

Uno de los intentos del Gobierno por hacer ver el ISDS como algo beneficioso fue la publicación de un documento del Ministerio de Economía y Competetividad al respecto del tratado. En él incluso nos señalan algunas de las empresas españolas que se han beneficiado de este sistema. Las alumbradas son Repsol, Telefónica, Gas Natural, Aguas de Barcelona, Iberdrola, Abengoa. Recordemos que aún siendo empresas nacionales, si cuentan con filiales en otras países siguen pudiendo denunciar a España.

¿Quiénes están interesados?

La forma de convencernos para que aceptemos el TTIP se basa en un par de estudios que la Unión Europa blande constantemente y que dicen que gracias a él veremos un crecimiento económico y del empleo. Un crecimiento de alrededor del 0,48%, es decir, bastante limitado. Sin embargo, otros tantos estudios muestran supuestos “más realistas” y con resultados menos alentadores. Europa sufriría una pérdida de exportaciones, así como del PIB y de empleos.

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Fotografía de Twitter: |José Ramón Mariño, economista, ATTAC | “Al TTIP solo le interesa blindar el negocio de las élites y las empresas transnacionales

Por otro lado, en caso de admitirse ese supuesto crecimiento, ¿quiénes serían los beneficiarios? La mayoría de informes admiten que el 80% de los beneficios solo se lograrían a costa de la armonización de regulaciones, así como gracias a la liberalización de servicios. La disminución de aranceles, es decir, la parte económica del tratado no tendría mucho que ver.

Como apunta Arregui, todo esto dicho de otro modo significa que “serían las grandes empresas de algunos sectores las mayores beneficiarias del acuerdo, más que las familias o los ciudadanos.” En el caso de Estados Unidos serían los sectores agroalimentario y del transporte, y en el europeo las industrias del automóvil y del transporte aéreo y marítimo.

Así, los aranceles no son más que una excusa en su mayor parte. Tenemos aranceles más baratos dentro de la Unión que con Estados Unidos, salvando ciertas excepciones como la ropa o la agricultura. En este último sí encontramos un profundo significado, pues la eliminación de estos aranceles podría repercutir fuertemente a nuestra industria.

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Fotograma de “TTIP: el campo cerrado por defunción”

De hecho, sabemos que los lobbies y multinacionales han estado presentes en el 83% de las reuniones en las que se ha estado negociando el TTIP. Y dentro de todas esas empresas, la gran mayoría representan al sector agroalimentario.

Tenemos algunos datos sobre las empresas nacionales que se han involucrado oficialmente en las negociaciones del TTIP.  No debería extrañarnos ninguna de ellas, ya que  tan solo pueden salir ganando en este acuerdo.

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Fuente: Corporate Europe Observatory

Otras han mostrado su apoyo bien con declaraciones en encuentros  o con estudios propios alabando sus virtudes. Algunas de estas empresas más discretas son Caixa, Mapfre, Ficosa, Dow Chemical Ibéria, Iberdrola o Repsol.

La agroindustria

Existen crecientes preocupaciones con respecto a la inclusión de la agricultura americana en nuestros territorios, pues contamos con tremendas diferencias:

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Elaboración propia

Como vemos las diferencias entre las granjas europeas y estadounidenses son gigantescas. Para hacernos una idea de cómo sería para España competir a ese mismo nivel partiremos de la SAU (Superficie Agraria Útil).

España tiene una SAU de 24,8 millones, si le aplicáramos el mismo ratio de hectáreas por granja que en Estados Unidos nos encontraríamos con que nuestro país debería tener 130 000 explotaciones. Afortunadamente, el número actual es de 1 millón de explotaciones.

A pesar de ello, economistas como Fernando del Río, profesor de Economía de la USC, considera el TTIP como una oportunidad de crecimiento económico, viendo al sector agrícola europeo con totales posibilidades para competir en el nuevo mercado liberal. Aunque “cualquier cosa puede pasar” debido a la intervención política tan común en este sector.

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Fotografía de Martínez Bueso |Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos | “Con el TTIP nuestros agricultores no podrán competir con los monstruos agroalimentarios”

Otros, como Gonzalo Rodríguez afirman tajantemente que nuestra agricultura no tendrá posibilidad alguna de sobrevivir, “simplemente por la extensión de las explotaciones estadounidenses. Allí las granjas están además mucho más subvencionadas”. Volvemos a toparnos con el componente político. Echando la vista atrás hacia México en el contexto de NAFTA, podemos tener una idea un poco más ajustada sobre lo que podría suceder. Según un artículo de 2007 de la revista Journal of International Economics, de Scott L. Baier e Jeffrey H. Bergstrand, el comercio internacional entre los dos países se dobló y repercutió positivamente en la inversión externa directa.

Sin embargo, dos millones y medio de campesinos mexicanos fueron arruinados y tuvieron que emigrar a Estados Unidos tras la firma de NAFTA. Javier Guzmán, director de VSF Justicia Alimentaria Global, nos recuerda que México era un gran productor de maíz, capaz de abastecer a su población. La firma del acuerdo supuso la bajada de un 59% de la cotización del precio del maíz y “la entrada de millones de toneladas de maíz de baja calidad a bajo precio que expulsó y aniquiló a la producción autóctona de calidad cultivada por miles de campesinos mexicanos”.

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Fotograma de: “TTIP: campo cerrado por defunción”

Si seguimos este último razonamiento encontramos muchos más intereses por parte de Estados Unidos y de las agroindustrias en firmar el TTIP. Aunque sus motivaciones no son para nada secretas, y se basan, de nuevo, en la armonización reguladora.

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Fotograma de “TTIP: campo cerrado por defunción”

Dan Mullaney, el jefe de negociaciones en EE. UU. Del TTIP, anunció que sus objetivos son el acceso al mercado de productos de la industria y la agricultura y las normas que conllevan estos productos. “Tenemos el grupo sobre las regulaciones de los estándares enfocado en regulaciones técnicas, regulaciones sanitarias y fitosanitarias, principalmente en la seguridad alimentaria.”

Este interés se basa en las grandes diferencias que existen en este contexto entre Europa y Estados Unidos. A pesar de que la Unión haya prometido que no rebajará los estándares de seguridad, como vemos, se contradice a lo que sus socios plantean. Así, si escucháramos a Mullaney, esto podría implicar la entrada en la UE de productos transgénicos (se estima que el 70% de los productos que procesa EE. UU. los contienen). Nuevos químicos o prácticas como el lavado de pollos con cloro también podrían empezar a ponerse en práctica.

De hecho, parece que se estén tomando ya medidas preventivas ante la posible fusión de ciertas regulaciones. En la Eurocámara, el pasado 21 de noviembre se votó en contra de la posibilidad de que los Estados europeos puedan prohibir los transgénicos autorizados por la UE.

Este asunto no se trata solo de seguridad alimentaria, sino del control de la industria. Pues usar cultivos transgénicos significa tener que comprar obligatoriamente las semillas a una empresa. En este caso son solo tres las que controlan el mercado mundial de semillas: Monsanto, DuPont (ambas estadounidenses) y Syngenta (suiza) en el tercer puesto.

La opuesta industria cárnica

Por otro lado, las empresas estadounidenses representadas por el National Chicken Council y la National Turkey Federation, han hecho ya una gran presión para eliminar las regulaciones de la UE que prohíben la importación de aves tratadas con cloro. El lobby estadounidense avícola ha exigido la supresión de todas las barreras regulatorias a sus productos, para poder beneficiarse del mercado europeo.

Además, se está presionando para suprimir las prohibiciones de importaciones de carne tratada con hormonas y antibióticos. Entre estas sustancias se encuentra la ractopamina, hormona que estimula el crecimiento. Se usa en el 80% de las granjas estadounidenses y está prohibida en 160 países de todo el mundo, incluida toda la Unión Europea. Desde 1998, más de 1700 personas han sufrido envenenamiento por haber comido carne de cerdos alimentados con este producto.

Este tipo de prácticas perjudicarían a los pequeños ganaderos europeos, con normas mucho más restrictivas y un número de reses mucho menor. Sin embargo este es uno de los mayores intereses de Estados Unidos en las negociaciones. Por ello se teme que la UE ceda en alguno de estos puntos para poder llegar a una reciprocidad con Estados Unidos.

Conclusiones

Las negociaciones no solo se están realizando dentro de un marco casi por completo empresarial, sino que parece que sus objetivos sean para contentar a esos mismos lobbies. Es difícil ver cómo la integración de Europa en el sector agroindustrial pueda beneficiarnos, menos aún subiendo el número de empleos. Se trata de un sector altamente sensible a este acuerdo.

Por otro lado, es impensable que la cláusula que hace referencia a los tribunales de arbitraje nos sirva de ninguna ayuda a los ciudadanos. En este caso el Estado nunca puede ganar, solo puede perder. En el mejor de los casos, no tendremos que renunciar a nuestros derechos y decisiones a costa de una denuncia empresarial. Aunque con el panorama de deuda y crisis, no nos lo pintan especialmente bien.

La casa siempre gana, hasta que nosotros actuemos.

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